“El problema es que se juzgan muchas tonterías”

Entrevista del Juez Emilio Calatayud en el diario EL PAÏS

Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada. / M. ZARZA

Pregunta. La delincuencia en menores se está reduciendo. Aún así,5.701 fueron juzgados en 2012 en Andalucía. ¿Son demasiados?

Respuesta. No, el problema es que se ha judicializado todo. Se juzgan muchas tonterías.

P. De las 4.602 sentencias dictadas el pasado año, el 73% fue de conformidad. ¿Ellos reconocen lo que han hecho mal?

R. Sí, normalmente el chaval suele reconocer los hechos. Ahora ha aumentado un poco la disconformidad por la cuestión económica. Es decir, como son los padres los que responden por sus hijos, algunos no aceptan la conformidad para no pagar.

P. Pese al descenso de la criminalidad, da la sensación de que cuesta más educar.

R. Sí, siempre lo digo. Hemos hablado a los chavales de derechos, no de deberes. Y, por otro lado, a los padres se les ha quitado la autoridad. No tienen un apoyo legal para corregir a sus hijos y están un poco despistados.

P. ¿Qué falla?
R. El sentido común. Los padres son padres, no amigos. Y la ley tiene que considerar que no son iguales. Es un sinsentido que me digan que no puedo corregir a mis hijos y sin embargo, sí se me exija la responsabilidad de lo que hacen.

P. ¿Hay recelo a la hora de poner límites?

R. Lo que hay son complejos por la evolución que hemos tenido: de padre autoritario a padre colega. A veces es mucho más difícil decirle a tu hijo que no. No obstante, ahora se está notando un poco más ese control.

P. ¿Por qué?

R. Por la crisis. Existe más control familiar, los chavales han vuelto a la escuela y eso está dando lugar a que baje la delincuencia. Sin embargo, el maltrato a los padres está en auge, aunque ya venía de atrás.

P. ¿Cuál es el problema en la relación inversa?

R. No les hemos inculcado que el menor tiene el deber de obedecer y respetar a sus padres. Es un delito de clase media y media-alta que va a más.

P. ¿Dónde están las carencias?

R. La responsabilidad de la educación de los hijos está en la familia. Y luego en la escuela, en la sociedad, en los medios de comunicación… Los medios juegan un papel muy importante y creo que ahí se está transmitiendo la idea de que todo vale, el éxito por el éxito, y no es verdad. Por eso pido el pacto por el menor, estamos implicados todos, pero los primeros son los padres.

P. Entonces, ¿se está perdiendo el respeto?

R. Sí. En este país nos da miedo hablar de autoridad, por si volvemos a tiempos pasados. Hemos perdido el sentido común. Confundir un cachete con un maltrato es una barbaridad. Eso son complejos, y ahora estamos pagando las consecuencias. No soy partidario de dar cachetes, ahora bien, siempre digo que la ventaja del cachete es darlo en el momento justo y con la intensidad adecuada. Eso es lo difícil, pero confundir un cachete con un maltrato creo que es pasarse.

P. Pero ahí los padres se pueden encontrar un poco desamparados, perdidos.

R. Sí, y lo están. Cada vez es más frecuente esto de ‘no me toques que te denuncio’. Hay contradicciones entre los derechos del menor y las facultades de los padres.

P. ¿Las nuevas tecnologías son una oportunidad o un riesgo?

R. Una oportunidad, pero también un riesgo. ¿Por qué no se hacen móviles para niños con funciones muy limitadas que vayan aumentando en base a la edad? Es una vergüenza que el regalo estrella en las comuniones sea un móvil para criaturas de 10 u 11 años. Es un problema como los ordenadores. Sería bueno hacer un folleto explicativo de los peligros que conlleva su mal uso.

P. ¿Cuáles son los problemas más graves?

R. Nos están planteando dos. Por un lado, son una droga. Tenemos chavales enganchados al móvil y al ordenador. Si es que ya ni juegan… salen al recreo, se ponen a chatear y no son capaces de hablar. Y a lo mejor están chateando con el de enfrente. Estamos creando autistas con el móvil y los ordenadores. Y, por otro lado, es un instrumento para cometer actos delictivos. Está en auge también entre los chavales de clase media los delitos de injurias, las vejaciones, incluso pornografía.

P. ¿Casos como el de Cádiz?

R. Si, son casos que se combaten con educación y responsabilidad. Cuando los padres compran un móvil tienen que saber qué móvil están comprando, cómo es su hijo y si está preparado para usarlo. Se están cometiendo muchas barbaridades a través de los ordenadores, Facebook, etcétera. Y me preocupan mucho las noticias que se dan. Es una vergüenza que el chaval del vídeo de Cádiz llegara a los 10.000 seguidores. Con una noticia podemos estar dando a ese chaval un minuto de gloria que es muy peligroso.

P. De los menores enjuiciados, ¿cuáles cuesta reinsertar más?

R. La ley está dando muy buen resultado. Como todo se ha judicializado, el 80% de los chavales que juzgamos cometen delitos pero no son delincuentes. Merecen un escarmiento, nada más.

P. ¿Y el otro 20%?

R. Un 10% es carne cañón, haya ley, se endurezca o no. Y el otro 10% es muy trabajable, depende de la suerte, de los recursos, de los profesionales que intervengan… pero es recuperable. Nuestro trabajo se centra en ese 20%.

P. ¿Qué medidas le duele más tomar?

R. La que más tristeza me da es la de condenar a los chavales a aprender a leer o a sacarse el graduado, la enseñanza obligatoria. Si estamos en un país que nos dice que la enseñanza es obligatoria no puedo entender cómo todavía me encuentro chavales de 12 años que no saben ni leer. Tengo actualmente condenados a unos 200 chavales a terminar la enseñanza obligatoria.

Hay casos en todas las clases sociales

Emilio Calatayud ha visto cómo ha cambiado el perfil de los menores delincuentes desde 1988 hasta hoy. “Ahora vienen chavales de todas las clases sociales”. Hay violencia entre parejas muy jóvenes, abusos sexuales, el uso de las nuevas tecnologías… todo está cambiando. Las niñas, que apenas cometían delitos, también se están incorporando y aunque el porcentaje es menor, “cuando salen duras, es más difícil trabajar con ellas”. El juez reconoce la dificultad de ser padre hoy, pero también de ser hijo, porque se carece prácticamente de límites. Por eso reclama un pacto por el menor: “Hay que redefinir el asunto. Y en eso estamos todos”, subraya para referirse a las contradicciones legales. El juez advierte que la hipocresía social está provocando un aumento de internamientos terapéuticos entre los más jóvenes.

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