Menores sólos que van de las pateras a los CiEs (Centros de Internamiento para Extranjeros)

  Menores no acompañados:de las pateras a los CIEs

En el Real Decreto 162/2014 que aprueba el régimen interior de los centros de internamientos de extranjeros (CIE) en España, los menores no acompañados entran en la categoría de personas vulnerables. Según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior en 2015, se internó a un total de 19 menores en los CIE españoles, uno de ellos en el CIE de Zona Franca, Barcelona. Sin embargo, estos números no coinciden con los datos observados a través de las visitas por parte de Migra Studium, que contabilizó seis posibles menores solamente en el CIE de Barcelona en 2015 (Informe 2015 sobre CIE en España, «Vulnerables, vulnerabilizados», del SJME) y 23 en 2016.

La mayor parte de los posibles menores contactados por el grupo de visitas llegó a las costas españolas a bordo de pateras y, posteriormente, fueron trasladados a los CIE. Los internos cuentan que a su llegada a España, a pesar de informar a las autoridades españolas que son menores, éstas emiten su orden de devolución como mayores. Refieren que las personas que llegan juntas y sin documentos, y alegando ser menores, son registrados con la misma fecha de nacimiento que, además, presupone su mayoría de edad. Esta práctica tiene como resultado que, una vez internados en los CIE, reciben respuestas negativas a la petición de comprobar su edad porque ya constan como mayores de edad en su expediente.

El grupo de voluntarios de Migra Studium, a raíz de las visitas realizadas desde la reapertura del CIE en julio de 2016 hasta finales de año, ha acompañado 23 internos que han declarado ser menores de edad, y quienes han encontrado obstáculos reiterados para demostrar su minoría de edad. Esta situación es aún más alarmante si tenemos en cuenta el entramado jurídico existente, pues no se está aplicando lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000. Ésta, en su artículo 35, estipula que siempre que no se pueda demostrar la minoría de edad de una persona con seguridad, se le dará la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor. Teniendo en cuenta los elementos previamente expuestos, podemos decir como voluntarios de visitas a internos, que a día de hoy sí existen menores en el circuito jurídico de las expulsiones y las devoluciones. Este hecho es en sí un indicador de que los instrumentos jurídicos de protección de los menores no están activados y/o no funcionan eficazmente.

Los menores internados y tratados como adultos, en su mayoría provienen de Argelia, realizando la travesía  mediante embarcaciones-pateras. Son jóvenes que tienen experiencia laboral aunque sea informal y, muy a menudo, se trata de hermanos mayores que generan ingresos a la unidad familiar. Vienen con la idea de una vida mejor, y creen en un futuro poder ayudar a los suyos. Aunque la travesía por el Mediterráneo suele discurrir desde Orán hasta Almería y Motril, en ocasiones llegan hasta zonas más alejadas como Murcia y Baleares.

Estos jóvenes describen su viaje como una auténtica odisea que, sin duda, hace el trayecto mucho más traumático. Un claro ejemplo es el hecho de que las pateras son habitualmente interceptadas por los equipos de vigilancia de las costas y de control de la inmigración irregular, para quedar finalmente a disposición del Cuerpo de Policía Nacional. En este momento los menores intentan verbalizar su minoría de edad, sin ningún resultado. Tan solo consiguen que los trasladen a los calabozos de una dependencia policial donde permanecerán en muchas ocasiones los tres días enteros de detención policial que permite la ley. Después son trasladados de las dependencias de comisaría hasta los juzgados, el trato es con atosigamiento y gritos, según el testimonio de los menores. Una vez llegados al edificio judicial, por ejemplo en Almería, son situados en una especie de garajes o espacios subterráneos bajo los juzgados en los que son presentados ante el juez de instrucción, y en que la defensa letrada con asistencia de intérprete se efectúa durante unos breves e insuficientes minutos. Finalmente, por orden judicial, son trasladados al CIE.

En este punto, es donde el equipo de voluntarios de Migra Studium interviene, visitando a los internos y realizando un seguimiento de sus casos que se combina con un acompañamiento emocional, aspecto muy necesario ya que la mayoría de ellos necesitan expresar lo que sienten. No tienen a nadie que los visite en su privación de libertad, y se ven forzados a vivir con otras personas desconocidas en una convivencia diaria marcada por el encierro. Por otro lado, los voluntarios se cercioran de que obtengan de parte del CIE la información suficiente y comprensible sobre sus derechos y deberes, y sobre la posibilidad de realizar peticiones y quejas. Además, los voluntarios están especialmente sensibilizados en el examen de las condiciones de garantía y cumplimiento de las necesidades básicas de las personas internas y de las condiciones de habitabilidad del CIE como son la calefacción adecuada a la estación del año, las condiciones de las duchas, la adecuada asistencia médica, el cumplimiento de las condiciones materiales básicas como la alimentación con una dieta adecuada o la higiene y enseres del kit de aseo diario, entre otros aspectos.

Pero los voluntarios no actuamos solos. En situaciones tan excepcionales como la detección de casos de menores en el CIE derivamos el interno al Servicio de Orientación Jurídica del CIE, informamos el Juez de Control del CIE, la Fiscalía de Extranjería, la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo.

Ante la situación descrita, parece claro que las instituciones del Estado no ejercen el papel de salvaguarda de los derechos del menor, sino el de persecución a las personas migrantes, sobre todo a los jóvenes recién llegados en pateras, a quienes se les aplica una suerte de “presunción de mayoría de edad”, siendo tratados como adultos y como delincuentes peligrosos. Podríamos decir que en vez de ser considerados sujetos de protección pública, como niños en peligro, el sistema los considera jóvenes peligrosos.

El CIE es una ilustración muy evidente de que la maquinaria expulsora y excluyente genera más sufrimiento del que uno se puede imaginar y que en ocasiones, según cuentas los internos, se traduce en una carencia de atención médica, escasez y poca variedad alimenticia, negación de pruebas médicas de edad, o un trato irrespetuoso, que en demasiadas ocasiones, es humillante o degradante, por parte de las autoridades de seguridad. Esta situación de vulnerabilidad se puede alargar hasta los dos meses, tiempo máximo de estancia en un CIE, periodo en el que estos menores se encuentran en una situación de desamparo y privación de libertad que se ve agravada por la soledad y la ausencia de sus familiares

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