Congelada. Así está la financiación de la educación en España según el Informe de 2019 elaborado por la Comisión Europea, que sitúa a nuestro país como el sexto que menos dinero gasta en esta partida de la UE tras Rumanía, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Grecia. Y lo está, también, según la directora de un colegio público de Valencia con la que ha hablado Yo Dona y que prefiere mantenerse en el anonimato. »La financiación es deficitaria y así es difícil educar con calidad y cubrir las necesidades de los niños. Faltan, sobre todo, especialistas para atender a los cada vez más alumnos con necesidades especiales y con trastornos que hay en las clases. Y también escasean profesores para trabajar con grupos de un tamaño que permita desarrollar la educación personalizada que ahora sabemos es básica para obtener buenos resultados: con 25 niños por docente es complicado, por no decir imposible».
Lo dice frente a los barracones de los que se compone el centro que dirige, una escuela de infantil y primaria de nueva creación símbolo de la falta de financiación de la educación pública en España. 2018 fue el año en el que menos se invirtió en ella -un 3,89% del PIB- desde 1995, según los datos que Hacienda envió a Bruselas, casi un punto por debajo de la media europea en ese momento, un 4,6%. Además, se prevé que durante el ejercicio 2018-2021 esta partida baje aún más, llegando al 3,7%.
Choca que no sea sobre las instalaciones la primera de las quejas de esta funcionaria. Quizás en una comunidad como la valenciana, en la que 12.000 estudiantes -según fuentes de la Generalitat- han comenzado el curso 2019-20 en este tipo de estructuras temporales, el fenómeno está interiorizado. Como lo está probablemente también en Cataluña, donde el Govern afirma que son 12.000 los alumnos instalados en barracones, o en Andalucía, 11.000 en base a los datos de la Junta. »En cuatro o cinco años deberíamos tener la escuela nueva, pero mientras tanto estamos aquí. No lo considero el peor de nuestros problemas, porque son barracones cómodos y contamos con un gran patio», explica, »lo peor es la interinidad, la falta de suplentes… Esa precariedad a la hora de enseñar es mucho más grave».
La falta de inversión en educación en España tiene múltiples consecuencias: la deficiente formación y reciclaje del profesorado, la brecha entre comunidades, el deterioro del sistema de becas o la falta de plazas en la Formación Profesional. También una tasa de abandono escolar del 17,9%, que sitúa a España a la cabeza de este fenómeno en la Unión Europea, seguida de Malta (17,5%) y Rumanía (16,4%), y los inexistentes derechos sociales de los universitarios que hacen prácticas, esto último por la falta de acuerdo entre gobierno y universidades sobre quién ha de sufragar los costes.
En el ‘Informe Pisa’ tampoco destacamos: la edición 2015 -la de más reciente publicación en espera de la de 2018, que verá la luz el próximo 3 de diciembre- nos sitúa en la media europea por los pelos, y gracias a que esta ha bajado. En opinión de Ana María Dunjó, directora del Badalonés, un colegio concertado de Badalona (Barcelona), todo esto tiene una causa clara: »En España la política manda sobre la educación. Y esto no puede ser. El problema de la insuficiente financiación es político». Y añade que la corrupción también afecta al sistema: »En Badalona, para evitar la malversación de fondos, las escuelas públicas tienen que licitar hasta un tornillo. Nosotros alquilamos instalaciones públicas y tenemos que pagar las ruedas de las canastas. En estos momentos la Administración nos debe 23.000 euros».
SEGÚN LOS EXPERTOS, LA EDUCACIÓN TENDRÍA QUE DESVINCULARSE DE LOS VAIVENES POLÍTICOS
La Comisión Europea refrenda esta opinión y afirma en el mencionado informe que en España reformas fundamentales en el sector educativo se paralizan a causa de »la inestabilidad política». Se refiere concretamente a las elecciones generales del 28 de abril, que provocaron que quedara varada en el Parlamento la tramitación de la nueva ley educativa del PSOE (LOMLOE). En este marco la ministra Isabel Celaá proponía, entre otras cosas, un pacto entre partidos para alcanzar una inversión educativa del 5% del PIB y garantizar que los cambios políticos y económicos no afecten a los recursos para educación. Esto es precisamente lo que pide Enrique Javier Gutiérrez Díez, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León y doctor en Ciencias de la Educación, haciendo suyo el clamor de todos los involucrados en el sector. Explica a Yo Dona que »la solución pasa por blindar constitucionalmente la financiación de la educación pública, para que se invierta como mínimo el 6% del Producto Interior Bruto y que, venga el gobierno que venga, no pueda recortar el gasto. Debería pasar al título 1 de la Constitución».
»Aulas masificadas, poco profesorado, precariedad, demasiada interinidad… Barracones sí, también, pero lo que más se necesita es el profesor que trabaje. No hay refuerzos, no hay desdobles, ni atención a la diversidad. Estamos casi un punto y pico por debajo de la media europea, y mucho más lejos de los países del norte. Las últimas investigaciones revelan que España invierte 6.517 euros por alumno frente a la media europea, de 7.776. Esto repercute en que hay mucho mayor abandono escolar temprano», continúa Gutiérrez Díez.
Desde los años 70 han entrado en vigor en España un total de siete leyes educativas que obligan a los gobiernos a ser cada vez más creativos con las siglas: la LGE o Ley General de Educación de 1970, la LOECE o Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares de 1980, la LODE o Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985, la LOGSE o Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, la LOCE o Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002, la LOE o Ley Orgánica de Educación de 2006 y la LOMCE o Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013. En estos momentos está pendiente la aprobación de la octava, la LOMLOE o Ley Orgánica de la Educación para la reforma de la Ley Orgánica de la Educación -y no es una broma de Groucho Marx-, a la que se conoce también como Ley Celaá.
De entrar en vigor, esta tumbaría la LOMCE del ministro del Gobierno de Mariano Rajoy José Ignacio Wert, que tanto revuelo generó al aprobarse en 2013, y aportaría, quizá, cierta estabilidad a la inversión en educación en España frente a los recortes -aplicados por ejecutivos de todos los colores- y los vaivenes políticos.
Marcar una barrera mínima de inversión en educación del 5% es »absolutamente posible», según Gutiérrez Díez. ‘‘Hay dinero. Es cuestión de voluntad política. La tuvieron para rescatar bancos y autopistas, y destinar 60.000 millones de nuestros impuestos a los responsables de buena parte de la crisis. Cedamos el dinero público a la educación pública». Y denuncia también que »se sangra a la educación pública para destinar muchísimo dinero a financiar la concertada. Ninguna nación en Europa tiene el porcentaje de España, salvo Bélgica. Somos la anomalía. En los países nórdicos, donde siempre ponemos la mirada, esta no existe. En Portugal se han suprimido los conciertos, y esto ha remontado la educación. La pública lleva a asegurar que se tenga la mejor posible».
Frente a la masificación de las escuelas españolas por la falta de recursos, y la poca diversidad en sus métodos, cada vez más padres optan por crear sus propias alternativas. Es el caso de Krisol, una escuela cooperativista Waldorf en Premià de Dalt, una pequeña población a unos 20 kilómetros al norte de Barcelona. Carolina es su directora y la madre de uno de los alumnos. »Krisol surgió en 2004 como un grupo de cuatro familias con el objetivo de crear un espacio donde se respete el proceso natural del desarrollo de los niños, de manera que puedan construir bases sólidas en su relación con ellos mismos y con el mundo», explica.
Es de financiación cien por cien privada, cuesta unos 500 euros al mes, »y sería mucho más cara si no funcionáramos como una cooperativa cocinando, limpiando y encargándonos del mantenimiento nosotros mismos», señala Carolina.
A escuelas de este tipo llegan muchas veces niños de otros colegios cuyas necesidades, consideran sus padres, no estaban bien atendidas. Es el caso de Xavi y Charlotte: »Sacamos a nuestro hijo de un colegio público porque no funcionaba. En Cataluña la escuela pública o concertada está a reventar, con los llamados bolets [setas] o líneas adicionales que abren en escuelas inicialmente pensadas para menos niños».
En unos hay setas, y otros se sienten como anchoas. Así se disfrazaron recientemente los alumnos del Badalona Port para protestar frente al Ayuntamiento de su ciudad: en este 2019 se cumplen 10 años desde que abrieron su escuela de barracones. Muchos de ellos acabarán la primaria siendo este el único tipo de instalación que han conocido
Autora: EVA DALLO. El Mundo
10 ideas urgentes para mejorar la enseñanza (propuestas por los profesores)
La comunidad educativa está preocupada por el funcionamiento de la enseñanza en España y tiene, a la vez, abundantes ideas para mejorarla. La primera pregunta planteada por el nuevo Foro de Educación de EL PAÍS, ¿cuál es la mayor urgencia del sistema educativo?, ha recibido esta semana 750 respuestas, casi todas de docentes, a través de la web del diario. Estas son las 10 propuestas que más apoyos suscitan.
1. Dejar de dar bandazos. Centenares de docentes, como Teresa Simonet, maestra de Música y Primaria en Cádiz, reclaman un pacto educativo que dé estabilidad normativa al sistema, que ha tenido ocho leyes desde la restauración de la democracia.
2. Mayor autonomía. Muchos, como Antonio Solano, director del instituto Bovalar de Castellón, son partidarios de que sean los “profesionales de la educación” los encargados de diseñar los currículos. Y son numerosas las peticiones de más autonomía para los centros, siguiendo el camino tomado por Portugal.
3. Prestigiar la evaluación. Una parte del profesorado considera imprescindible revalorizar las notas de evaluación. Tanto las individuales —“sin evaluación, la escuela se convierte en un parque de atracciones”, dice el donostiarra Elías Goñi— como las colectivas —mediante pruebas de nivel comparables que permitan contrastar la eficacia de los métodos, señala José Luis Barba, jefe del departamento de Biología en un instituto canario.
4. Bajar las ratios. Una petición común es reducir el número de alumnos en las aulas. O, como alternativa, poner dos profesores en la misma clase. Después de 34 años dedicados a la docencia, parte de ellos en programas específicos para estudiantes con problemas para superar los ciclos, la profesora madrileña Mar Fernández concluye que los grupos pequeños “son el único modo de garantizar enseñanza personalizada y afrontar variadas dificultades de aprendizaje”.
5. Mejorar la formación del profesorado. Son muchos quienes, como Luis Carlos Contreras, catedrático de universidad en Huelva, creen que el sistema solo mejorará si lo hace la formación y selección de entrada de los docentes. Entre las medidas que proponen figuran establecer carreras —o especialidades en las titulaciones actuales— para ser profesor de Secundaria, aumentar la exigencia para ingresar en Magisterio, implantar un sistema de incorporación a la docencia mediante una residencia similar al modelo MIR de los médicos, y mejorar la formación continua.
6. Renovar la docencia. Un sector de los profesores —y también de padres y alumnos— creen urgente actualizar la práctica docente que, en palabras de Francesc Bosch, orientador en el instituto de Premià de Dalt (Baleares), abusa de “clases magistrales poco motivantes” y no conectadas con la realidad. “Por ejemplo”, afirma, “se está librando una batalla social, política, humana y económica sobre el cambio climático y se hace muy poco por abordar el tema y trabajarlo en profundidad en las clases”. Los docentes, por su parte, se quejan de que la creciente carga burocrática les resta tiempo y energía para preparar clases y atender a estudiantes.
7. Trabajadores sociales. Diversas propuestas apuntan en la misma dirección: la enseñanza reglada es una herramienta clave para reducir la desigualdad social, pero con frecuencia no funciona porque el sistema no dispone de suficientes recursos específicos para compensar la gran desventaja con la que parten los alumnos de familias pobres, como ha constatado Ana Isabel Peltzer, profesora de Secundaria en Logroño. “Desde Infantil se puede percibir la brecha entre los niños con padres con formación que pueden prestarles atención y los que no. Tenemos que darles apoyo extra con especialistas”, afirma. Otras voces, como la de María Jávega, maestra en Sevilla, sugieren que los centros educativos cuenten de forma estable con trabajadores sociales para afrontar, de forma conjunta a la educativa, las situaciones graves.
8. Diagnosticar las dificultades. En torno al 10% de los alumnos son disléxicos, y la falta de normas en la mayoría de comunidades para detectar pronto el problema conduce a menudo al fracaso. “Estamos diagnosticando tarde, cuando los problemas de autoestima y salud mental ya están creados. Dejamos sufrir a miles de niños, haciéndoles pensar que son tontos o vagos, por nuestra inacción”, lamenta Matilde Sánchez, que se presenta como madre y médica.
9. Repensar el espacio. La vertiente física del sistema también es una fuente de preocupación. No solo allí donde las instalaciones están deterioradas o consisten en barracones. Varias propuestas plantean cambios en el diseño de clases y patios. “Las aulas tendrían que ofrecer espacios diversos para distintas formas de agrupamiento: un ambiente para leer, una mesa de grupo para trabajar, un rincón tecnológico y de investigación, y un lugar donde estar cuando te apetezca estar solo”, opina Beatriz Serrano, maestra de Infantil en Las Palmas de Gran Canaria.
10. Más fondos. Prácticamente nadie reclama subir el salario de los profesores —aunque varios proponen vincular aumentos a resultados—. Pero la necesidad de una mayor inversión, sobre todo en la red pública, es la urgencia más señalada por la comunidad educativa.
Publicado en El País
EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 